“En este informe van a entrar en un mundo negro. Nuestro principal objetivo es darle luz y blanquearlo y este registro es un inicio para eso. Cuatro millones quinientos mil trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días”. La frase, que habla sobre la cantidad de personas que trabajan en la informalidad, es de Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo. El funcionario, además, es uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita e integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La definición del dirigente social esta expresada en el último informe del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) que de manera online se inscribieron, solo entre el mes de julio del 2020 y febrero de 2021, un total de 2.093.850 personas que se ganan la vida trabajando al margen de la formalidad.
En la introducción al informe presentado por el ministerio de Desarrollo Social, Pérsico explica que antes del inicio de la pandemia del coronavirus 4,5 millones de trabajadoras y trabajadores formaban parte del mundo de la economía popular.
Según Gildo Onorato, secretario general adjunto de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, por efecto del COVID-19 y las medidas restrictivas que tomó el gobierno de Alberto Fernández a partir del 20 de marzo de 2020, que frenó de manera abrupta la economía, otras dos millones de personas cayeron en la informalidad elevando el número de quienes trabajan en la informalidad a más de seis millones.
Con estos números, Pérsico y a Onorato le aseguraron que “la economía Popular reúne al 30% de la Población Económicamente Activa” y concluyeron que “el cooperativismo y el mutualismo producen el 10% del PBI”. Por esa razón, entiende Onorato, “tenemos que construir una sólida alianza social y económica entre estos dos sectores para generar un cambio productivo en el país, generar trabajo con derechos e impulsar el crecimiento económico de abajo hacia arriba”.
El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular se creó durante el gobierno de Mauricio Macri y fue producto un un proceso de lucha de los movimientos sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras, que se volcaron a las calles en reclamos de mayores beneficios para los sectores más vulnerables, como planes sociales y de trabajo.
Producto de esos reclamos, a fines del año 2016 se sancionó la Ley de Emergencia Social (27.345). Entre otros instrumentos, la norma establecía la constitución del del ReNaTEP que tomó volúmen con la llegada del Frente de Todos a la Casa Rosada y de dirigentes sociales con peso propio como Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Rafael Klejzer, Edgardo Depetri y Daniel Menéndez a puestos de relevancia en varios ministerios como Desarrollo Social y Obras Públicas, entre otros.
Del informe surge que el 35,7% de los inscriptos residen en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se afirma en el trabajo, “en términos generales se observa que la economía popular no constituye un fenómeno local, sino que se despliega en todas las provincias y territorios de nuestro país”.
Le siguen las provincias de Chaco (5,6%), Tucumán (5,5 %) y Salta (5,2%). Cuando se compara las inscripciones al ReNaTEP con la población total entre 18 y 65 años por provincia, se observa que, en Formosa, Santiago del Estero y Jujuy las inscripciones tienen un peso más significativo que en la provincia de Buenos Aires.
El informe también revela que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que cumplen sus tareas en la informalidad son mujeres (57,1%) “porcentaje sensiblemente superior al observado entre los/as asalariados/as privados/as registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) donde las mujeres representan el 33% de ese sector”.
¿En qué lugares desarrollan sus trabajos esta fuerza laboral informal? El informe lo revela de esta manera: “El 48,2% lo hace en espacios/lugares domiciliarios (propios y ajenos). Esto se puede vincular a que, en muchos casos, unidades como comedores, merenderos, copa de leche o espacios de apoyo escolar y cuidado de niños/as, comienzan a organizarse en casas particulares”.
En cuanto a las ocupaciones, se destaca la preponderancia de desarrollar sus tareas en “comedores y merenderos (60,2%) lo cual guarda relación con la coyuntura actual de emergencia social, alimentaria y sanitaria que visibiliza a la mayoría de las ocupaciones de esta rama como actividades esenciales para el cuidado de la comunidad”.
Ese porcentaje tiene el sustento desde las propias estadísticas oficiales. Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, hasta diciembre del año pasado se preinscribieron 12.056 “espacios sociales”.
Según esos registros, en la provincia de Buenos Aires existen 4.475 comedores y merenderos. La mayoría de ellos son coordinados por el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Darío Santillán, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos y el Frente de Organizaciones en Lucha.
Los distritos en los que se concentran la mayor cantidad de espacios sociales son: La Matanza, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Florencio Varela, Berazategui, Avellaneda, Esteban Echeverría, Tres de Febrero, San Martín, Almirante Brown, Ituzaingó, Malvinas Argentinas, General Pueyrredón, José C Paz, San Fernando, San Miguel, Tigre, Berisso, Ensenada, La Plata Marcos Paz, San Vicente y Escobar.
En relación a la edad, los inscriptos en el registro a cargo de Pérsico, se desprende que “se trata de una población joven ya que los que tienen hasta 29 años de edad representan el 50,6% del total. En cuanto al nivel educativo alcanzado, más de la mitad no completó los estudios obligatorios”.
Apenas el 28,7% terminó la enseñanza secundaria y el 28,2% dejaron antes de completarlo. El 10,5% de los inscriptos no terminó la escuela primaria. Esta situación hace que, aún existiendo ofertas laborales, queden relegados y muchas veces excluidos de la formalidad y deban desempeñarse en el trabajo informal donde no reciben beneficios sociales futuros, como jubilación, o tienen una obra social dónde ir a atenderse.
Esta fuerza laboral, que según Onorato llega al 30% de los trabajadores del país, son mayoritariamente joven y de mediana edad. En el registro de la economía popular, el 30,2% tienen entre 18 y 24 años; mientras que en la economía privada ese porcentaje es de solo el 6,7%.
En la franja que va de los 25 a los 35 años, los trabajadores y trabajadoras informales llegan al 35,5% mientras que en la actividad privada formal es del 32,1%.
De la mayor porción de los trabajadores de la economía informal (buena parte de ellos forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), el 58,6% trabajan de manera individual, el 23,4% lo hace en el marco de organizaciones sociales y comunitarias, por ejemplo colaborando en comedores y merenderos que reciben asistencia del propio ministerio de Desarrollo Social; el 8,4% se organiza en cooperativas y el 6,7% lo hace en pequeños emprendimientos familiares o no familiares.
En suma, el informe presentado por Arroyo y Pérsico asegura: “El 41,4% trabaja de manera colectiva. Las y los trabajadores inscriptos realizan sus actividades fundamentalmente en domicilios particulares (63,9%), de los cuales la mitad corresponde a su propio hogar, seguido de aquellos/as que trabajan en establecimientos (10,1%); el 8,0% que trabaja en espacios públicos un 3,1% que realiza sus tareas en obras de construcción y un 0,7 en vehículos”.
Por último los funcionarios destacan que según el registro, el 62,5% desempeña sus trabajos nucleados desde alguna organización comunitaria o social, una muestra de la potencia que en los últimos años tomaron los movimientos sociales.
En relación a la situación fiscal, sólo el 5,2% de quienes se inscribieron en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular se encuentran inscriptos de manera individual en alguna categoría tributar y el 4,65% son monotributistas sociales.
El informe también destaca que, en cuanto a la percepción de programas sociales, sólo el 23% percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22 % forma parte del programa Potenciar Trabajo. Estas son algunas de las razones por las cuales el ministro Arroyo asegura que este registro “se constituye como el primer paso hacia la formalización de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras en nuestro país que viven a partir del trabajo que realizan, pero, al estar por fuera de las relaciones asalariadas tradicionales, por el tipo de trabajo o la forma de organización que adoptan, no son reconocidos y reconocidas como tales y, por lo tanto, ven vulnerados sus derechos sociales, laborales y productivos”.
Para el ministro de Desarrollo Social, “la mejor forma de reconstruir la Argentina es por el lado del trabajo y la producción”. En este punto, coincide con Pérsico en que en la Argentina “hay más de cuatro millones de trabajadoras y trabajadores que forman parte de la economía popular y que llevan adelante sus tareas en condiciones muy difíciles”
Por esa razón, afirma, “necesitan un Estado que fortalezca a quienes generan su propio trabajo y los ayude a dar un salto de escala, acompañándolos en el proceso de formalización y seguridad social y brindándoles acceso a crédito, máquinas y herramientas”.
Fuente: Infobae