En nuestro país, el déficit habitacional es una de las grandes deudas de los gobiernos. Si bien el acceso a un hábitat digno es un derecho, se estima que más de 3,8 millones de familias no tienen una vivienda adecuada, situación que se agrava año tras año. Las políticas de urbanización se hacen cada vez más necesarias frente al aumento de la desocupación y desigualdad.
Condiciones de hacinamiento; casillas; pasillos; chapas rotas y maderas; pozos de agua destapados; cables colgando; conexiones clandestinas; basurales; inundaciones; ausencia de asfalto, veredas, espacios verdes y equipamiento comunitario. Basta con alejarse unos minutos del centro para encontrarse con barrios desprotegidos, desventajados, donde muchos de los derechos básicos se encuentran vulnerados. No es un caso aislado, es una problemática social que trasciende la agenda pública, que instala la necesidad de dejar de ser postergada, son las condiciones habitacionales de los barrios populares de nuestro país.
En los últimos años, hubieron avances legales que promovieron la urbanización y seguridad en la tenencia mediante la regularización dominial.
Un ejemplo de ello es el decreto del Estado Nacional Nº 358/2017 por el cual se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el objetivo de registrar los bienes inmuebles, ya sea de propiedad fiscal o de particulares, donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas.
La Ley N° 27453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, declara de interés público al RENABAP y nos entrega una definición de integración socio urbana muy útil: “Conjunto de acciones orientadas a la mejora y aplicación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de las barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.” Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad. Lo interesante de esta ley es que se prevé que un 25% de las obras que se realicen en los barrios populares deberán ser construidas por cooperativas de trabajo del barrio a intervenir.
Por último, el Estado Nacional crea, mediante la Resolución N° 19/2020, el “Plan Nacional de Suelo Urbano” fundamentando que una política de hábitat virtuosa requiere de una adecuada gestión del suelo y que la generación de suelo urbano resulta fundamental para que el Estado cuente con suelo disponible para localizar viviendas y ampliar la accesibilidad de las familias.
Para poder poner en práctica estas leyes y programas, desde los distintos Ministerios se crearon políticas públicas de financiamiento, promoción, ejecución y administración de programas de fomento de viviendas y de urbanización destinadas a familias que históricamente fueron vulneradas en el derecho a vivir en un hábitat digno.
El programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares dependiente de Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es un programa que propone urbanizar aquellos barrios inscriptos en el RENABAP. Cabe destacar el rol preponderante que tuvieron las organizaciones sociales en dicha trayectoria, éstas impulsaron y son parte de los procesos de urbanizaciones de los barrios populares. Si bien el respaldo legal es contundente, la realidad es que la mayoría no llegan a cumplirse debido a diferentes motivos: demoras en la implementación, trabas burocráticas, falta de presupuesto. Pasan los años y la deuda habitacional sigue sin resolverse, al contrario, se agrava cada vez más.
En este contexto, se hace necesario un programa a largo plazo de construcción de viviendas, urbanización de barrios populares, créditos accesibles a familias que no cuentan con trabajo formal. Desde hace muchísimos años, quienes no tienen un empleo en relación de dependencia, no pueden acceder a pedir préstamos para comprar un terreno o una casa. Una de las pocas políticas de los últimos gobiernos en materia habitacional fue el Procrear, donde gran parte de la sociedad quedó excluida. Al mismo tiempo, hacer cumplir las leyes, en especial la de generación de suelo. Sin tierra disponible destinada para la solución habitacional de los más de 3 millones de hogares que no poseen una vivienda digna es muy difícil. El reclamo de “Tierra para vivir, feminismos para habitar” sigue vigente y sólo con el protagonismo de los sectores populares será posible construir políticas públicas de inclusión.
En base a un trabajo de Maximiliano Angélico para el ISEPCi