Las audiencias públicas para determinar las tarifas de transición de los servicios de gas y electricidad pusieron nuevamente en foco la necesidad de que el Estado reconozca a las empresas los costos de la generación energética, así como su transporte y distribución, pero a la vez el peso que por los desequilibrios macroeconómicos esas facturas tienen en millones de hogares.
Cuando el impacto que representa el pago de los servicios en una economía familiar es desproporcionado, el hogar queda inmerso en un estado de pobreza e indigencia energética, tal como se define internacionalmente hace décadas. Y esas son las cifras que no se discuten cada vez que se debate un aumento de tarifas en la Argentina, ya que la suma de ambas categorías totalizó al 2019 4.274.000 hogares energéticamente pobres e indigentes en todo el país, es decir, que atravesaban graves dificultades para el pago de los servicios de energía.
En 2020 el Enargas estima hoy que los hogares con Pobreza Energética habrían descendido un 66% respecto a 2019. Esto implicaría la salida de 2,8 millones de hogares de esta condición.
La directora del Observatorio de la Energía (Oetec), Belen Ennis, explicó que las definiciones internacionalmente conocidas entienden que un hogar sufre de Pobreza Energética si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada (Gas por Redes, Energía Eléctrica y GLP envasado o Garrafa), requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía. Si es 20% del ingreso lo requerido, entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza o indigencia energética. Asimismo, de acuerdo a estándares de la OMS, un régimen de calefacción satisfactorio para un hogar es de 23 grados en el living y 18 en otros ambientes.
A partir de esos parámetros se desprendió la estimación de los más de 4,2 millones de hogares energéticamente pobres e indigentes en el 2019 relevados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en su informe de esta semana que analiza el grave crecimiento de la cantidad de hogares en que ingresaron a un estado de pobreza energética a partir de la Revisión Tarifaria Integral de 2016, momento hasta el cual había en todo el país 1.335.000 hogares en ese estado.
Pero no todo es atribuible a los nuevos cuadros tarifarios dispuestos durante la gestión Cambiemos, sino que contribuyeron a ese cuadro una política económica con un sesgo regresivo en la distribución del ingreso, los altos índices de inflación que impactaron de lleno en el poder adquisitivo de las familias y la caída de la actividad económica y de los niveles de empleo con la consabida continuidad en la pandemia.
Existe, así, un amplio consenso en torno a que la solución al problema de la pobreza energética es una relación tripartita entre Estado, prestadores y usuarios, en base a relaciones básicas que deben ser resguardadas en su justo equilibrio. Más allá del derecho a la renta empresaria, a la recuperación de inversiones y al reconocimiento tarifario de los servicios prestados, los pagos de los servicios tampoco deberían disminuir la capacidad de las personas por adquirir otros bienes que se relacionan con su propia dignidad y los derechos que de allí se desprenden como salud, educación, alimentación y una vivienda digna.
Así lo entiende la Jefa del Área de Usuarios, Obras y Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, al advertir que “hay usuarios que se endeudan para pagar facturas y pagan altas tasas de interés porque en la mayoría de los casos están fuera del sistema bancario. Imponer nuevos ajustes de tarifas implica analizar si están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes”.
Para Grosso, “es imprescindible tener en cuenta la capacidad económico-financiera de los usuarios y usuarias. Para definir incrementos tarifarios deben contemplarse, ineludiblemente, las circunstancias sociales, políticas y económicas del país. Y este año debe incluirse, también, el análisis de los efectos socio económicos de la pandemia”.
Pero el Estado además de las políticas de ingresos y de determinación de los cuadros tarifarios -incluida la decisión del congelamiento-, tiene en su poder el recurso del subsidio para aliviar al usuario energético de la carga de sus facturas en un momento determinado de su esquema macroeconómico, algo que en el país se volvió crónico y para muchos hasta una de las causas principales de los desequilibrio de las cuentas públicas.
De acuerdo al Instituto Argentino de la Energía (IAE), liderado por el exsecretario de Energía, Jorge Lapeña, en los últimos diez años, los subsidios energéticos totalizaron los US$129.561 millones, un monto que más que duplicó el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. En 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, las transferencias a CAMMESA crecieron 58% respecto del año anterior, al alcanzar los US$1.298 millones.
Ante esta magnitud de fondos en un casi permanente período de restricciones fiscales, el Estado empieza a replantear una de las la principales herramienta para poder darle sentido al subsidio que es la tarifa social. Así se propone pasar de un esquema generalizado que de tan solidario resultó inequitativo por alcanzar transversalmente a todos los estratos sociales, a un esquema de tarifa social necesariamente perfectible y focalizado.
En ese desafío, o sintonía fina para los más nostálgicos, se embarca la actual gestión de Gobierno que deberá definir en semanas cómo distribuirá los costos energético entre facturas y subsidios. Para la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, ese es “un objetivo planteado con la famosa segmentación: salir de un esquema de tarifa social que es darle un subsidios mayor a quienes cumplen cierto requisitos y que consiste en bonificar determinada cantidad de Kw por usuario, y pasar a un esquema en que las personas que no pueden pagar el costo pleno de la energía recibirán un subsidio”.
Las exportaciones de gas a Chile son una opción que le permite a Argentina colocar excedentes ante la baja del consumo por la llegada de las temperaturas más altas.
Para desarrollar el trabajo, Manin -quien desde el lunes encabezará las audiencias públicas por el transporte y distribución de la electricidad- adelantó que “durante este año se va a analizar la viabilidad de distintos modelos de cruces de datos, de cómo plantear el esquema y se irá avanzando para avanzar en una cuestión de equidad, por ahí tanto no de impacto fiscal”.
Pero la puesta a punta del nuevo esquema suma más complejidad porque requiere un análisis total de los ingresos de cada una de las personas, cotejar varias bases de datos, si tienen diferentes elementos a considerar como el alcance de otros beneficios sociales, propiedades, nivel de gasto, en una interacción cambiante y en un marco normativo que limita el traspaso de datos personales entre los mismos organismos del Estado.
Fuente: lmneuquen