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En lo que va del año, los alimentos encarecieron más del 20% en los barrios vulnerables

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En los comercios de cercanía de los asentamientos y villas, los precios de los alimentos aumentaron más de un 20 por ciento en el primer cuatrimestre del año. Las subas siguen siendo marcadas en el Conurbano bonaerense, donde los intendentes fueron habilitados a principios de abril por el gobierno nacional para controlar los precios. En el GBA, el costo de una canasta básica de alimentos es hoy un 23 por ciento más caro que a principios de año. En otras regiones hubo aumentos mayores. Por ejemplo, en los negocios que abastecen a los barrios populares de provincias del norte como Salta y Santiago del Estero, donde los precios tienen una suba acumulada mayor al 27 por ciento.
Así lo registró la última medición del Isepci, un instituto de investigación popular que releva precios con una red formada por integrantes de la organización Barrios de Pie-Libres del Sur. Sus verificadores son vecinos y vecinas de asentamientos que toman los datos en los lugares donde van a hacer sus compras, que son en su mayor parte pequeños almacenes de zonas muy populares, en menor medida supermercados chinos y de unos pocos locales una cadena de supermercados con llegada a los barrios. Se trata, por esto, de un registro de los precios que pagan las franjas más empobrecidas de la población.

En los comercios de cercanía de los asentamientos y villas, los precios de los alimentos aumentaron más de un 20 por ciento en el primer cuatrimestre del año. Las subas siguen siendo marcadas en el Conurbano bonaerense, donde los intendentes fueron habilitados a principios de abril por el gobierno nacional para controlar los precios. En el GBA, el costo de una canasta básica de alimentos es hoy un 23 por ciento más caro que a principios de año. En otras regiones hubo aumentos mayores. Por ejemplo, en los negocios que abastecen a los barrios populares de provincias del norte como Salta y Santiago del Estero, donde los precios tienen una suba acumulada mayor al 27 por ciento.

Así lo registró la última medición del Isepci, un instituto de investigación popular que releva precios con una red formada por integrantes de la organización Barrios de Pie-Libres del Sur. Sus verificadores son vecinos y vecinas de asentamientos que toman los datos en los lugares donde van a hacer sus compras, que son en su mayor parte pequeños almacenes de zonas muy populares, en menor medida supermercados chinos y de unos pocos locales una cadena de supermercados con llegada a los barrios. Se trata, por esto, de un registro de los precios que pagan las franjas más empobrecidas de la población.

“El aumento de los precios achica el poder de compra de la tarjeta Alimentar, que si bien ayuda, no es suficiente. Y hace que más familias tengan que acercarse a los comedores populares, sin que haya aumentado la provisión de alimentos de parte del estado. Por eso a medida que se extiende la cuarentena, vemos que crece la angustia en las familias por la incertidumbre del futuro inmediato, señaló Isaac Rudnik, director del Isepci.

El informe advierte que algunos de los productos de consumo más popular, como el azúcar, en los almacenes de barrio se está poniendo a la venta con un 62 por ciento de recargo en relación a principio de año. Junto con este producto, los ítem de almacén que más aumentaron son los huevos, el arroz y la yerba. Entre las carnes, un corte barato como el espinazo subió desde diciembre un 42 por ciento. Las verduras registraron sus aumentos más fuertes en el kilo de zanahoria, acelga y papas.

“Aún cuando los aumentos de algunos precios –como los del rubro verdulería– pueden responder a cambios estacionales, es importante observar las tendencias generales. La tendencia actual proyectada, aun si se mantuvieran las mismas condiciones recesivas, nos lleva a una inflación anual de los alimentos básicos no menor al 60 por ciento” agregó el consultado.

La canasta que está midiendo el Isepci tiene 19 productos, entre alimentos e insumos esenciales como detergente, lavandina y pañales. El motor de su aumento viene siendo, con todo, la comida.

Protestas y propuestas
Este aumento de la canasta alimentaria en los barrios populares se dio a conocer en una semana en que las organizaciones sociales salieron a la calle para reclamar que a muchos barrios no están llegando los envíos del ministerio de Desarrollo Social, que se discontinuaron luego de una licitación fue cuestionada por haber aceptado precios por encima de los acordados para la venta al público. Los proveedores del Estado los impusieron bajo presión de no abastecerlo en las cantidades pedidas.

Aquella compra fue anulada, pero los tiempos de las licitaciones siguientes se estiraron en momentos en que todo es urgencia. La cartera que conduce Daniel Arroyo implementó, luego de la denuncia, un nuevo sistema de compras con precios máximos abierto a productores pequeños y medianos, pero aunque el envío de alimentos fue restablecido, las demandas de los comedores han seguido en aumento. Las organizaciones de izquierda están saliendo a la calle para reclamar –hoy hay una nueva marcha por alimentos, esta vez formulada al gobierno porteño frente al Elefante Blanco, la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA– e incluso los movimientos que son parte del gobierno, como la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) están haciendo públicos sus reclamos de envío de mercadería.

El Movimiento Somos Barrios de Pie, que dentro del gobierno nacional conduce la subsecretaria de Economía Social, advirtió que tiene comedores populares en riesgo de cerrar sus puertas por la falta de asignación de mercadería. “Están llegando menos de la mitad de las cantidades habituales de alimento, en un contexto social en el que se ha triplicado la demanda de alimentos en comedores comunitarios”, sostuvieron en un comunicado difundido a los medios.

En esta situación, algunas organizaciones han avanzado con la propuesta de crear una empresa nacional de alimentos, que actúe garantizando la oferta a valores accesibles cuando las corporaciones cartelizan los precios. El diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli (integrante del Movimiento Popular La Dignidad) presentó un proyecto de ley para su debate en el Congreso; también la Corriente Nacional Martín Fierro impulsa una propuesta de empresa nacional de alimentos. Otras organizaciones gremiales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) buscan poner en el debate público la creación de una Junta Nacional de Granos, disuelta por el gobierno de Carlos Menem en 1991, para que el acopio de la grandes cerealeras no desestabilice los precios internos de los alimentos. Desde las organizaciones de la agricultura familiar, a su vez, demandan medidas que democraticen el acceso a la tierra.

La pandemia pone sobre la mesa cuestiones estructurales de la desigualdad económica en su aspecto más básico, el del acceso a la comida. La soberanía alimentaria, que venía siendo debatida en el marco de la crisis en que quedó el país, tras cuatro años de gobierno macrista, se muestra como algo más que un concepto deseable. Es una cuestión de supervivencia.

Fuente: Pagina/12

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