La prórroga sería hasta el 31 de enero de 2021. Casi el 40% de los inquilinos no podrán pagar la mensualidad de septiembre.
Casi sobre la fecha límite y con una situación apremiante para los inquilinos, el Gobierno prorrogaría el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado a mediados de marzo, el cual determinó el congelamiento de alquileres y la suspensión de los desalojos. A pesar de la expectativa por una extensión semestral, la medida apuntaría a un estiramiento hasta finales de enero de 2021.
Este 30 de septiembre finaliza el decreto 320 y cientos de miles de familias se verían con grandes dificultades para reunir el dinero para mudarse o directamente no poder pagar un nuevo alquiler mientras el mercado inmobiliario fije aumentos desmedidos. Por ese motivo el Gobierno anunciaría la próxima semana una prórroga del decreto hasta el 31 de enero del año que viene.
Días atrás, la diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos había presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para extender el congelamiento de alquileres y la suspensión de los desalojos hasta marzo del próximo año, una iniciativa que se sumó a la presentada por la senadora María de los Ángeles Sacnun en la Cámara alta. Finalmente, los tiempos de extensión serían mas acotados.
A raíz de la presentación, Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, había expresado la necesidad de avanzar en una prórroga: “Sabemos que el gobierno nacional está trabajando en la extensión del decreto y en un plan de desendeudamiento, pero necesitamos que lo comunique oficialmente para frenar la presión de las inmobiliarias y los propietarios sobre los inquilinos”.
En un comunicado, había insistido: “Los niveles de incertidumbre y angustia son enormes. No pueden anunciar la extensión un día antes de que venza el decreto actual, si esperan hasta ese momento, ya miles de familias habrán sido echadas de forma violenta o económicamente de sus casas. Es más sencillo solucionar esto ahora, y no cuando ya estén en la calle”.
Una crisis insostenible
De acuerdo con la Federación de Inquilinos, hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas y el 47,4% de los inquilinos del país percibe menos ingresos desde que comenzó la pandemia. Dentro de este segmento, el 40,6% está endeudado.
Según el relevamiento de septiembre, el 49.5% de los ingresos totales del hogar se destinan al pago del alquiler y se ubican 4.5 puntos por arriba con respecto al mes pasado. Además, el 37.8% (equivale a 1.323.000 hogares) no podrán pagar el mes de septiembre en parte o en su totalidad.
Dentro del universo del 37.8% que tiene dificultades para pagar el mes de septiembre, el 52.5% (equivalente a 694.575 hogares) acumulan deuda de dos o más meses de alquiler. A pesar de la obligatoriedad de los propietarios a aceptar pago por CBU, casi la mitad de los inquilinos y las inquilinas, el 48.8%, sigue haciéndolo en efectivo.
Fuente: eldestapeweb