El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, volvió a rechazar la posibilidad de que Argentina implemente una Renta Básica Universal como sucesora del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), dispuesto ante la emergencia por el coronavirus (Covid-19) y aseguró que, si bien le gustaría que exista ese ingreso universal, “no es posible desde el punto de vista fiscal”.
“A mí me gustaría un ingreso universal, pero no es posible en Argentina desde el punto de vista fiscal”, sentenció el ministro, en línea con la postura que tiene al respecto desde hace varias semanas sobre la Renta Básica.
Sin embargo, esto choca con las declaraciones de Fernanda Raverta, la titular de Anses, quien aseguró que el tema “está en discusión” y que ella espera aplicar una cobertura económica de este tipo para personas de entre 18 y 24 años.
El funcionario nacional afirmó que su gestión identificó “una parte de la población, entre 3 y 4 millones de personas, con problemas serios de ingresos porque se quedaron sin trabajo o porque han tenido una baja muy significativa de ingresos” desde marzo.
“Argentina tiene un conjunto de transferencias de fondos importante, estamos mejor que otros países de América Latina para enfrentar la demanda social derivada de la pandemia”, aseguró.
Al respecto, explicó que el Gobierno articula sus políticas sociales en tres ejes: “El programa Potenciar Trabajo, que busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social y económica; el aseguramiento de un ingreso de base, asociado con el trabajo; y el derecho al hábitat, urbanizando los barrios sin acceso a servicios básicos”, detalló.
Arroyo reconoció que el deterioro social producto de la pandemia es “importante” y que pese a los esfuerzos “del Estado y de la sociedad civil”, “la pobreza está aumentando”, y destacó las políticas de emergencia que desplegó el Gobierno.
Entre ellas, resaltó al IFE, que lo reciben 9 millones de personas y ya está en estudio su cuarta edición, la Tarjeta Alimentar, que la reciben 11 millones, el apoyo económico al sector formal con el salario complementario de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que beneficia a 2,5 millones de trabajadores, y otras políticas sociales implementadas desde antes del Covid-19, como la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y los planes sociales, que suman casi 5 millones de personas más beneficiadas.
Las declaraciones de Arroyo tuvieron lugar en un panel organizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), como parte de su ciclo de encuentros virtuales denominado METAS para la pospandemia, en el que se discutió sobre herramientas para asegurar pisos de protección social que permita hacer frente a la crisis del coronavirus.
Para esta organización, el ingreso básico enfocado en aquellas personas en mayor vulnerabilidad es una de las principales políticas que podría mitigar los efectos de la caída de ingresos laborales y el aumento del desempleo.
De la charla, moderada por Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social, participaron también Nora Lustig, Directora del Instituto Commitment for Equity; y Fernando Filgueira, Investigador Principal del Programa de Protección Social de Cippec.
“Los gobiernos cuentan con numerosas alternativas para la implementación de un ingreso básico. Su diseño implica tomar decisiones en varias dimensiones, incluyendo el alcance, la exigencia o no de corresponsabilidades, la duración y periodicidad, el monto y la modalidad de transferencia. La discusión sobre las distintas caras de este tipo de política resulta central para calibrar su formulación teniendo en cuenta al margen político y fiscal de los países”, dijo Díaz Langou al explicar el objetivo del encuentro.
Por su parte, durante su participación en el programa de C5N Sobredosis de TV el sábado, Raverta fue consultada sobre si llegará la Renta Básica Universal o un ingreso universal básico. Sobre esto, evitó dar definiciones y contestó: “Está en discusión”.
Sin embargo, adelantó quiénes podrían llegar a percibir la renta básica, dado que Anses ya paga “ingresos universales” para dos sectores: “uno es para menores de 18 años -Asignación Universal por Hijo y Salario Familiar- y otro para los mayores de 60 y 65 años, que son las jubilaciones”, pero en medio de esas edades queda la población “económicamente activa” y muchas personas a “les va a costar más incorporarse al mercado formal de trabajo”, por lo que allí es donde piensan dirigir una “política pública” como un ingreso universal.
Teniendo en cuenta esto, hay un rango de edades en que la directora de Anses hizo foco y que podrían recibir la Renta Básica Universal: las personas de 18 a 24 años, que ya no reciben la AUH pero están muy lejos de la jubilación.
“A partir de los 18 hasta los 24 años es una edad donde los argentinos tienen que optar por formarse -para el trabajo, en una profesión, terminando sus estudios obligatorios- y me gusta pensar y suponer que vamos hacia una argentina donde esa franja etaria también tiene que estar cubierta”, dijo Raverta.